De seguro muchos colombianos vamos a recordar los gritos de desesperación de los que lograron presenciar el vil acto de muerte de Erika Aponte, una joven con 26 años, víctima de quien fuera su ex compañero sentimental que, luego de ir hasta su lugar de trabajo la asesinó a sangre fría, en medio de la gente y que luego de haber cometido el hecho, seguidamente enfunda el arma y luego al segundo intento de presionar el gatillo en su cabeza, se dispara, quedando grave.
Aunque Cristian Camilo Rincón, su victimario fue trasladado inmediatamente a un centro médico, al día siguiente también murió.
A pesar de las medidas tomadas por las autoridades, la violencia contra las mujeres alcanza en el primer trimestre de 2023, 133 muertes violentas en todo el país, según el Observatorio Feminicidios Colombia en el que su informe revela que Antioquia, Bogotá y Valle son los departamentos con más muertes.
Los números publicados muestran el fracaso por defender la vida, pero, sobre todo, muestra los graves actos de violencia cometidos contra las mujeres en una sociedad que avanza en política pública, pero retrocede en la práctica de la convivencia social que, con el solo ruidos de las balas, debe hacer que la sociedad grite, ¡ni una más!
¿Qué nos dice la jurisprudencia al respecto? ¿Cuál es la ruta jurídica a seguir cuando se presentan casos de feminicidio?